Las condenas judiciales contra cargos públicos tienen un efecto paradójico: evidencian el éxito del Estado de derecho democrático al coste de debilitarlo por otros flancos. Lo vimos con la condena de la trama Gürtel, y posteriormente con las penas de malversación durante el procés y las más recientes de malversación y fraude en la causa de los ERE en Andalucía. Las sentencias castigan delitos muy graves, pero lejos de entenderse que el Estado funciona, se extiende la sensación de que nadamos en un fango de corrupción en el que todos están implicados y, por tanto, nadie es fiable. Tampoco los jueces. Crece así la anomia social.