Usuarios cabreados por los retrasos o las cancelaciones de los vuelos, quejas por las fechas asignadas para consultas médicas y citas urgentes que se demoran meses han formado parte del paisaje digital de la conversación pública estival. Las razones y las culpas son variadas y de distinto tipo, pero entre ellas suele aparecer un intento de explicación más abarcador: todo ese deterioro no sería sino el precio obligado a pagar por la democratización de dichos servicios, por el acceso de sectores sociales que antes no podían viajar a una playa en México, a París o a la Costa del Sol, o que no tenían a mano una sanidad pública que, quizá sea incómoda, pero finalmente les salva la vida sin cobrar más de lo aportado a través de los impuestos.