El anuncio de que el Gobierno comenzará a tramitar el indulto a los presos del procés ha generado la polémica esperada. Un debate pasional que se añade al suscitado por la potencial reforma del delito de sedición en el Código Penal de la que ha venido hablándose en las últimas semanas, y que terminaría por beneficiar a los condenados. Ni siquiera el preocupante crecimiento de la pandemia ha conseguido ocultar las posiciones encontradas que el asunto sigue generando. Y es que el trauma político del otoño de 2017 sigue presente en gran parte de la sociedad española. Tampoco los medios han dejado de informar sobre el tema –como es su obligación–, y los plazos procesales han ido ofreciendo hitos ante los que volvíamos a arremolinarnos ante la tele o el hashtag de Twitter. Por su parte, el activismo del prófugo Puigdemont desde Waterloo ha buscado que el foco nunca se apartara de lo que ahora denomina «confrontación inteligente» con el Estado, con el consiguiente interés mediático. El resultado es que estamos hartos de tanto frotar pero las manchas siguen ahí.